El Concejo Municipal de Guayaquil, liderado por la alcaldesa subrogante Tatiana Coronel, informó a la ciudadanía que presentó una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional del Ecuador para derogar la Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD).
Esta acción busca revertir las vulneraciones a la autonomía política, administrativa y financiera de los gobiernos autónomos descentralizados (GAD), que afectan directamente el desarrollo de programas sociales en beneficio de los guayaquileños. La reforma condiciona el uso de recursos propios y transferidos, además de imponer controles centralizados que limitan la gestión municipal independiente.
Coronel expresó su rechazo total a esta ley, a la que denominó “ley de asfixia municipal”, al señalar que miente desde su propio título, pues no promueve la sostenibilidad ni la eficiencia del gasto público. Por el contrario, sirve para reducir las transferencias del Gobierno central a los municipios sin asumir responsabilidad política. Además, destacó que la normativa traslada la carga de esta reducción a los GAD, somete su gestión a decisiones ministeriales tomadas en Quito y representa un golpe a la descentralización, retrotrayendo al país a la derogada Ley de Régimen Municipal de hace casi dos décadas.
“Hemos presentado una demanda de inconstitucionalidad contra esta ley perversa (…) La presentamos porque vulnera nuestra autonomía, porque vulnera la autonomía de todos los GAD del Ecuador y, sobre todo, porque la presentamos por ustedes, por todos los guayaquileños”, expresó la Alcaldesa (s).
Luis Alfonso Saltos, asesor de la Alcaldía, enfatizó que la reforma pone en riesgo el derecho a la ciudad consagrado en la Constitución, al afectar competencias exclusivas de los GAD en áreas como salud, educación, cultura y vivienda. Alertó que programas clave para el desarrollo infantil, atención a adultos mayores, deporte, arte y emprendimiento podrían verse limitados, debilitando la reconstrucción del tejido social y la reactivación económica en los barrios, tal como lo contempla el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la actual administración municipal, aprobado en noviembre de 2024.
“Con ello se nos obliga a limitar nuestros recursos y se pone en riesgo la cobertura para miles de beneficiarios”, señaló.
Por su parte, Jorge Dillon, director financiero del Municipio de Guayaquil, explicó que la ley impone rigideces presupuestarias que contradicen la autonomía municipal, al limitar inversiones en rubros esenciales como eventos promocionales, turismo y recolección de basura, considerados por la reforma al COOTAD como gastos no computables para el cumplimiento de la regla del 70% en ingresos no permanentes.
Indicó que esta disposición genera incertidumbre en la planificación financiera y afecta aproximadamente USD 355 millones que no podrán ser imputados dentro de la estructura establecida por la reforma, lo que perjudica la capacidad municipal para generar ingresos futuros y mantener servicios básicos para la ciudad.
De su parte, Xavier Flores, asesor de la Alcaldía, explicó que el objetivo subyacente de la ley es crear un esquema en el que los GAD enfrenten mayores dificultades para cumplir reglas fiscales controladas por el Gobierno central, lo que eventualmente provocaría incumplimientos y, como consecuencia, reducciones en las asignaciones del 15% y 5%.
Además, señaló que el verdadero efecto de la norma sería disminuir las transferencias de recursos del Gobierno central a los municipios, trasladando la responsabilidad de esa reducción a los GAD.
La concejala Emily Vera subrayó que la ley asfixia a los municipios al debilitar su capacidad de invertir en la gente, poniendo en riesgo programas sociales como educación municipal, salud, cuidado infantil y emprendimientos, áreas donde el Gobierno central mantiene una presencia limitada. “Nosotros nos vamos a poner del lado de la gente. Esta demanda no es solo un acto jurídico; es un acto de defensa hacia nuestros ciudadanos y hacia nuestra autonomía”, afirmó.
Finalmente, la concejala Blanca López calificó la reforma como improcedente, inconstitucional y regresiva en derechos. Sostuvo que fue tramitada como ley económica urgente sin cumplir los requisitos constitucionales, lo que podría configurar un fraude legislativo al evitar un debate público con alcaldes y prefectos.