Estando próximos a la terminación del Estado de Excepción (Decreto 1074) y su correspondiente renovación (Decreto 1126), todo el país pasará de un régimen de excepción a un régimen ordinario, lo cual implica de manera especial la terminación de la suspensión del ejercicio del derecho a la libertad de tránsito y el derecho a la libertad de asociación y reunión; no obstante, es necesario responder a la crisis sanitaria mediante el desarrollo e implementación de los causes ordinarios idóneos. Para dicho efecto, la Corte Constitucional ha analizado las alternativas que deberán observar y ejecutar las funciones y organismos del Estado y los distintos niveles de gobierno, en el marco de sus competencias, a fin de llevar a cabo una transición para afrontar la pandemia de manera efectiva y coordinada mediante una respuesta institucional basada en el régimen ordinario. Al respecto, se han revisado las medidas existentes, reconociendo mecanismos institucionales para implementarlos en el régimen ordinario, sin perjuicio del resto de atribuciones previstas en el ordenamiento jurídico en favor de otros organismos y su autonomía.
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