Para llamar la atención de sus clientes, ciertos comercios utilizan parlantes que, por lo general, registran decibeles muy altos de ruido, lo que ocasiona afectaciones en la salud de los ciudadanos.
Por ese tema, la Dirección de Ambiente y Preservación de Áreas Verdes ha atendido entre mayo de 2019 a agosto de 2022 un total de 337 denuncias por motivo de contaminación acústica provocados por pequeños y medianos establecimientos como talleres mecánicos, salones de eventos, gimnasios, locales comerciales, discotecas, entre otros.
De acuerdo con esa dependencia municipal, la contaminación acústica provoca problemas de salud. La Organización Mundial de la Salud (OMS) define como ruido cualquier sonido superior a 65 decibelios (dB). En concreto, dicho ruido se vuelve dañino si supera los 75 dB y doloroso a partir de los 120 dB.
El Municipio de Guayaquil controla esta problemática a través de la Ordenanza para Prevenir y Mitigar el Ruido en el Cantón Guayaquil. En el artículo 9 de la norma se establece que los locales que utilicen en su interior equipos de amplificación de sonido deberán contar con aislamiento acústico.
Operativos preventivos
El Departamento de Denuncias de la Dirección de Justicia y Vigilancia realiza operativos para controlar la aplicación de la Ordenanza. El viernes se desarrolló una campaña para prevenir y mitigar el ruido. Los funcionarios recorrieron los locales de la avenida 9 de Octubre, desde Rumichaca hasta Malecón Simón Bolívar.
Quienes transgredan las disposiciones de la ordenanza serán sancionados con una multa de 1 a 5 salarios básicos unificados (De USD 425 a 2.125). En caso de reincidencia, serán sancionados con la suspensión de actividades y/o clausura, además del cobro de una multa que oscila entre los 5 y 10 salarios básicos unificados (USD 2.125 a 4.250) por exceder los límites permisibles establecidos en la norma técnica aplicable.
“Es importante que Guayaquil crezca porque la base de nuestra ciudad es el comercio, pero ese crecimiento tiene que ser en orden, respetando el derecho de las demás personas y en este caso concreto, el derecho a la salud y libre movilidad”, afirmó Eliana Mejía, jefa del Departamento de Denuncias.
