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72% de predios pagará menos de USD 20 por Contribución Especial de Mejoras

El Concejo Cantonal, siguiendo la recomendación de la Contraloría General del Estado, aprobó una ordenanza que viabiliza la recaudación de la Contribución Especial de Mejoras (CEM) por inversiones realizadas en obra pública durante el periodo comprendido entre 2015 y 2022.

 

Esta recuperación lo establece el artículo 576 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad).

 

Johnny Alcívar, subdirector financiero, explicó que con esta medida se recupera parte de lo invertido en la construcción, ampliación y mantenimiento de calles, aceras, sistemas de aguas lluvias, entre otras obras. También por proyectos terminados en infraestructura comunitaria como canchas, mercados, escuelas, centros comunales.

 

“¿Cuánto se va a recuperar de esa obra pública? Se invirtieron más de USD 526 millones, vamos a recuperar USD 140 millones que serán repartidos en 7 pagos iguales, es decir USD 20 millones cada año desde 2024 hasta 2030”, dijo el funcionario.

 

Para el cobro la ciudad fue dividida en 15 distritos urbanos. “El 72% de los predios en Guayaquil van a pagar desde 1 centavo hasta 20 dólares; los predios restantes van a ir pagando de manera escalonada según el avalúo de su propiedad y según la cantidad de obras que han recibido en su sector o en su zona de influencia”, detalló Alcívar.

 

Esta recaudación permitirá la consecución de proyectos y la ejecución de trabajos de obra pública municipal a futuro.

 

En sectores como Socio Vivienda o Monte Sinaí el valor a cancelar oscila entre USD 0,01 y 1, mientras que en Portete o Isla Trinitaria varía entre USD 0,01 y USD 4. En cambio, en sectores como Metropolis y Mucho Lote I y II aproximadamente se cancelará entre USD 5 y USD 20.

 

“Esta contribución se debe pagar entre los meses de enero y febrero. ¿Qué pasa después de marzo? Hay un recargo por un tema de intereses”, finalizó Alcívar.

 

La Alcaldía de Aquiles Alvarez, apegada a derecho y cumpliendo el marco jurídico vigente, acata la recomendación de la Contraloría, tal y como lo han hecho otros municipios del país.

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