La primera está vinculada al monitoreo, es decir, hacerles un seguimiento a las causas penales por parte de las facultades de derecho de las universidades o de un buffet especializado para llevar un control estricto de lo actuado por jueces en las causas criminales, para lo cual se realizará la contratación respectiva. “Para poder señalar y, según el caso, acusar de prevaricato a los jueces que dejen en libertad, sin sustento, a los delincuentes que hayan sido atrapados”.
Paralelamente, también se contratará a la Escuela Politécnica del Litoral para la elaboración de las estadísticas sobre el número y naturaleza de los delitos cometidos, “y así poderlas comparar con las del 911, de la Fiscalía, con la Corte Nacional de Justicia y con la Policía Nacional y el Ministerio del Interior”, señaló al respecto Viteri.
La siguiente medida tiene que ver con la periodicidad de las reuniones de autoridades y dispone que las sesiones de trabajo evaluativo se realizarán semanalmente, todos los lunes, por parte de las autoridades seccionales y locales, es decir con los delegados provinciales; mientras que con las autoridades nacionales se las mantendrá los primeros lunes de cada mes.
