El Municipio de Guayaquil presentó sus alegatos en la apelación a la sentencia que dejó sin efecto la adjudicación del contrato para la construcción de un intercambiador de tráfico en las avenidas Juan Tanca Marengo y Rodrigo Chávez. La jornada estuvo encabezada por el procurador síndico Cristian Castelblanco.
La defensa del Cabildo actuó desde el Salón de la Ciudad, en el Palacio Municipal. El procurador calificó la sentencia como violatoria de los derechos de los guayaquileños a recibir obra pública y progreso.
Castelblanco recordó al Tribunal, conformado por los jueces Jorge Alejandro Lindao, Gina Jácome Véliz y José Poveda Arauz, que la Municipalidad es el Gobierno Autónomo Descentralizado que más procesos de contratación realiza: más de 1.000 al año.
Agregó que la sentencia de manera “ilógica, arbitraria e ilegal” reconoció cinco supuestas vulneraciones de derechos.
Castelblanco solicitó al Tribunal: “Les pido de manera franca y consciente, como servidor público comprometido, que manden un mensaje claro a la ciudadanía que las acciones de protección no pueden atender intereses particulares y que el interés general debe estar por encima de las empresas que buscan adjudicación de contratos a precios superiores de las ofertas ganadoras”.
Por la medida cautelar no se pudo proceder a la firma del contrato que ya había sido adjudicado. El proyecto prevé un plazo de ejecución de 18 meses y una inversión de USD 12’173 638,99. Además, beneficiará a un total de 66.448 familias que transitan por los puntos a intervenir.
